Por: Zaira Barúa Silva
El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), demandó la pronta intervención de la Junta de Fiscales en Madre de Dios, luego que el fiscal Julio Peña decidiera que los 60 rescatados, víctimas de trata de personas, volvieran con sus captores.
Entre los secuestrados por esta red de trata, habían 20 varones y 16 mujeres menores de 18 años que pertenecen, según constataron autoridades policiales, a la asociación evangélica “Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal”, donde venían siendo explotados laboralmente en un anexo ubicado a dos horas de la localidad de Alerta-Iberia .
Frente a esta situación, el Gobierno Regional de Madre de Dios dispuso trasladar a los menores a la casa refugio para víctimas de violencia familiar ubicada en la zona de “El Triunfo”, en Puerto Maldonado. Esto como una medida de urgencia al no contar con un centro de atención integral especializado. No obstante, esta disposición se habría visto entorpecida por la decisión del fiscal Julio Peña.
Gracias a “La Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos” y representantes de la Policía Nacional en Madre de Dios que reportaron este alarmante suceso, se pudo evidenciar la ineficacia del Estado para defender a los niños y adolescentes peruanos.
Queda claro que mientras no existan políticas adecuadas en cada una de las regiones de nuestro país, la labor de las asociaciones civiles solo se verá entorpecida.
